Nuevos comentarios de los DB-SI, DB-SUA, DB-HE y DB-HS
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Desde el 29 de junio disponéis de una nueva actualización de las versiones comentadas de los Documentos Básicos del Código Técnico DB-SI (Seguridad en caso de Incendio), DB-SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad), DB-HE (Ahorro de Energía) y DB-HS (Salubridad).
Además, disponéis del nuevo Documento de Apoyo DA DB-SUA 2 “Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes”.
Podéis consultar los nuevos documentos en la web del CTE.
Además, disponéis del nuevo Documento de Apoyo DA DB-SUA 2 “Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes”.
Podéis consultar los nuevos documentos en la web del CTE.
2/07/2018
Éxito de participación en el debate del COAC sobre la vivienda protegida en suelo urbano consolidado
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El pasado 28 de junio se celebró en el Colegio de Arquitectos el debate "La vivienda protegida en suelo urbano consolidado. El caso de Barcelona", moderado por Sebastià Jornet, presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas (AAUC). El acto contó con la participación de los abogados Josep M. Aguirre, profesor de la Universidad de Girona; Javier Buron, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona; Dolors Clavell, de Clavell Consulting SL; Ramon García-Bragado, de Miliners Advocats i Assessors Tributaris; Pablo Molina, de J&A Garrigues; Gemma Segura, de Pareja & Associats, Advocats; y Domènec Sibina, profesor de la Universitat de Barcelona.
Un debate con ideas confrontadas y propuestas constructivas
Dolors Clavell destacó que "el futuro pasa por encontrar mecanismos de acceso a la vivienda" y éstos deben llevarse a cabo de manera estructural, para evitar "medidas asistenciales, que no son propias de una política de vivienda moderna, europea y del siglo XXI". Según Clavell, es necesario buscar la posibilidad de hacer vivienda asequible en la ciudad construida: "Con la combinación de la ley del suelo estatal, la ley catalana de urbanismo y de vivienda, podemos hacer reservas de vivienda protegida y jugar con la cualificación: suelos dobles o que una parte de éstos se destine a vivienda asequible".
El profesor Josep Maria Aguirre consideró que cualquier intervención sobre la unidad construida encuentra su limitación en la legislación. "La única manera de cambiar las normas, es forzarlas", aseguró. Aguirre subrayó tres debilidades clave que, en su opinión, tiene esta Modificación del Plan: la primera es el problema de legalidad que pueda haber sobre los deberes del propietario, dado que la ley estatal no habla de vivienda asequible; la segunda, la pérdida de rentabilidad que la reserva pueda causar sobre el propietario y, la tercera, la responsabilidad patrimonial.
El abogado Ramón García-Bragado estimó que la pregunta que es preciso hacerse "no es si esta medida es legal o no, sino si la norma es positiva o negativa para Barcelona". Las razones que justifican su rechazo son, en primer lugar, que "la norma se ha hecho sin debate previo" y, en segundo lugar, la vulneración de la transparencia, ya que "se ha escondido el procedimiento". Así mismo, resaltó que "la medida no está en el Plan de la Vivienda, aprobado en diciembre de 2017". Con tal de evitar la litigiosidad, García-Bragado sugirió la opción de hacer una vacatio legis de dos años, que permitiera prever los efectos de los cambios.
Para el profesor Domènec Sibina, el debate sobre la vivienda protegida en suelo urbano consolidado ya se ha abordado con anterioridad, resultando como conclusión que no hay ningún problema en hacer reservas de vivienda para esta tipología de suelo. Sibina también enfatizó que el problema urbanístico, radica en el modelo de ciudad, que "lo deciden los órganos del gobierno municipal y autonómico". Además, planteó la posibilidad de replantear un plan urbanístico diseñado ya hace 45 años.
La abogada Gemma Segura remarcó que el debate se sitúa en los "deberes urbanísticos, dado que la Modificación del Plan genera el establecimiento de nuevos". En esta línea, Segura incidió en que esta medida podía afectar a la seguridad jurídica y alegó que las repercusiones económicas y de derecho entre actuaciones generales y sistemáticas son diferentes. Del mismo modo, mostró la falta de información para establecer el criterio del 30% de la reserva para vivienda social o los 600 metros cuadrados de techo, que en según que tipo de promociones "puede acabar siendo un valor muy bajo".
El gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Buron, afirmó que esta medida "afronta la situación con realismo" y su "técnica se consolidará y expandirá después de pasar por los tribunales". Buron sostuvo que la propuesta ya tenía en cuenta la situación de un mercado en tensión por la falta de suelo, porque no hay producto, y que el régimen de transitoriedad dará suficiente seguridad jurídica al mercado. Buron puso el ejemplo de la ciudad de Vitoria, donde las políticas de promoción de vivienda han sido muy exitosas.
El abogado Pablo Molina puntualizó que nos encontramos en un "punto de frontera que parece estar delimitado por los deberes de los propietarios". Por otro lado, subrayó que la Modificación del PGM "afecta a todo el suelo de la ciudad de manera homogénea, cuando en realidad se debería haber identificado el suelo por zonas". Para Molina, "el problema de la vivienda en Barcelona es real, tal y como demuestra la memoria presentada por el Ayuntamiento. El déficit de vivienda social es preocupante. Pero la medida tampoco parece que vaya a solucionarlo". En consecuencia, Molina cuestionó la efectividad de esta medida y reivindicó "una estrategia más potente".
Amplia representación institucional y de la administración
Varios representantes institucionales, profesionales y de la administración asistieron al acto, entre los cuales figuran Janet Sanz, tenienta de Alcaldía, Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona; Josep M. Montaner, concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona; Amadeu Iglesias, director gerente del IMPSÒL; Mercè Albiol, secretaria de la Comisión de Política Territorial y Urbanismo de Cataluña; Ton Salvadó, director de Modelo Urbano del Ayuntamiento de Barcelona; Aurora López, gerente adjunta de Urbanismo de Cataluña; Lluís Laguna, responsable de Normativa y Actuaciones Sectoriales de la Dirección General de Urbanismo, y Josep Bohigas, director general de Barcelona Regional.
También asistieron los concejales Xavier Trias, de PDeCAT; Koldo Blanco, de Ciutadans; Jordi Coronas y Montserrat Benedí, de ERC; Daniel Mòdol, del PSC; así como Carme Trilla, presidenta de la Fundación Hàbitat3; Jaume Casas, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores; Josep Gassiot y Josep Martínez, del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas; Elena Massó y Marc Torrent, de APCE; Ramon Sanabria, de AxA; y Anna Gener, de Savills Aguirre Newman, entre otros.
Puedes recuperar el video de la sesión aquí:
Un debate con ideas confrontadas y propuestas constructivas
Dolors Clavell destacó que "el futuro pasa por encontrar mecanismos de acceso a la vivienda" y éstos deben llevarse a cabo de manera estructural, para evitar "medidas asistenciales, que no son propias de una política de vivienda moderna, europea y del siglo XXI". Según Clavell, es necesario buscar la posibilidad de hacer vivienda asequible en la ciudad construida: "Con la combinación de la ley del suelo estatal, la ley catalana de urbanismo y de vivienda, podemos hacer reservas de vivienda protegida y jugar con la cualificación: suelos dobles o que una parte de éstos se destine a vivienda asequible".
El profesor Josep Maria Aguirre consideró que cualquier intervención sobre la unidad construida encuentra su limitación en la legislación. "La única manera de cambiar las normas, es forzarlas", aseguró. Aguirre subrayó tres debilidades clave que, en su opinión, tiene esta Modificación del Plan: la primera es el problema de legalidad que pueda haber sobre los deberes del propietario, dado que la ley estatal no habla de vivienda asequible; la segunda, la pérdida de rentabilidad que la reserva pueda causar sobre el propietario y, la tercera, la responsabilidad patrimonial.
El abogado Ramón García-Bragado estimó que la pregunta que es preciso hacerse "no es si esta medida es legal o no, sino si la norma es positiva o negativa para Barcelona". Las razones que justifican su rechazo son, en primer lugar, que "la norma se ha hecho sin debate previo" y, en segundo lugar, la vulneración de la transparencia, ya que "se ha escondido el procedimiento". Así mismo, resaltó que "la medida no está en el Plan de la Vivienda, aprobado en diciembre de 2017". Con tal de evitar la litigiosidad, García-Bragado sugirió la opción de hacer una vacatio legis de dos años, que permitiera prever los efectos de los cambios.
Para el profesor Domènec Sibina, el debate sobre la vivienda protegida en suelo urbano consolidado ya se ha abordado con anterioridad, resultando como conclusión que no hay ningún problema en hacer reservas de vivienda para esta tipología de suelo. Sibina también enfatizó que el problema urbanístico, radica en el modelo de ciudad, que "lo deciden los órganos del gobierno municipal y autonómico". Además, planteó la posibilidad de replantear un plan urbanístico diseñado ya hace 45 años.
La abogada Gemma Segura remarcó que el debate se sitúa en los "deberes urbanísticos, dado que la Modificación del Plan genera el establecimiento de nuevos". En esta línea, Segura incidió en que esta medida podía afectar a la seguridad jurídica y alegó que las repercusiones económicas y de derecho entre actuaciones generales y sistemáticas son diferentes. Del mismo modo, mostró la falta de información para establecer el criterio del 30% de la reserva para vivienda social o los 600 metros cuadrados de techo, que en según que tipo de promociones "puede acabar siendo un valor muy bajo".
El gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Buron, afirmó que esta medida "afronta la situación con realismo" y su "técnica se consolidará y expandirá después de pasar por los tribunales". Buron sostuvo que la propuesta ya tenía en cuenta la situación de un mercado en tensión por la falta de suelo, porque no hay producto, y que el régimen de transitoriedad dará suficiente seguridad jurídica al mercado. Buron puso el ejemplo de la ciudad de Vitoria, donde las políticas de promoción de vivienda han sido muy exitosas.
El abogado Pablo Molina puntualizó que nos encontramos en un "punto de frontera que parece estar delimitado por los deberes de los propietarios". Por otro lado, subrayó que la Modificación del PGM "afecta a todo el suelo de la ciudad de manera homogénea, cuando en realidad se debería haber identificado el suelo por zonas". Para Molina, "el problema de la vivienda en Barcelona es real, tal y como demuestra la memoria presentada por el Ayuntamiento. El déficit de vivienda social es preocupante. Pero la medida tampoco parece que vaya a solucionarlo". En consecuencia, Molina cuestionó la efectividad de esta medida y reivindicó "una estrategia más potente".
Amplia representación institucional y de la administración
Varios representantes institucionales, profesionales y de la administración asistieron al acto, entre los cuales figuran Janet Sanz, tenienta de Alcaldía, Área de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona; Josep M. Montaner, concejal de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona; Amadeu Iglesias, director gerente del IMPSÒL; Mercè Albiol, secretaria de la Comisión de Política Territorial y Urbanismo de Cataluña; Ton Salvadó, director de Modelo Urbano del Ayuntamiento de Barcelona; Aurora López, gerente adjunta de Urbanismo de Cataluña; Lluís Laguna, responsable de Normativa y Actuaciones Sectoriales de la Dirección General de Urbanismo, y Josep Bohigas, director general de Barcelona Regional.
También asistieron los concejales Xavier Trias, de PDeCAT; Koldo Blanco, de Ciutadans; Jordi Coronas y Montserrat Benedí, de ERC; Daniel Mòdol, del PSC; así como Carme Trilla, presidenta de la Fundación Hàbitat3; Jaume Casas, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores; Josep Gassiot y Josep Martínez, del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas; Elena Massó y Marc Torrent, de APCE; Ramon Sanabria, de AxA; y Anna Gener, de Savills Aguirre Newman, entre otros.
Puedes recuperar el video de la sesión aquí:
29/06/2018
Nous comentaris dels DB-SI, DB-SUA, DB-HE i DB-HS
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Des del 29 de juny disposeu d'una nova actualització de les versions comentades dels Documents Bàsics del Codi Tècnic DB-SI (Seguretat en cas d'Incendi), DB-SUA (Seguretat d'Utilització i Accessibilitat), DB-HE (Estalvi d’Energia) i DB-HS (Salubritat).
A més a més, disposeu del nou Documento de Apoyo DA DB-SUA 2 “Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes”.
Podeu consultar els nous documents al web del CTE.
A més a més, disposeu del nou Documento de Apoyo DA DB-SUA 2 “Adecuación efectiva de las condiciones de accesibilidad en edificios existentes”.
Podeu consultar els nous documents al web del CTE.
2/07/2018
Èxit de participació en el debat al COAC sobre l'habitatge protegit en sòl urbà consolidat
Imatge:
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 28 de juny es va celebrar al Col·legi d'Arquitectes el debat “L'habitatge protegit en sòl urbà consolidat. El cas de Barcelona”, moderat per Sebastià Jornet, president de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes (AAUC). L'acte va comptar amb la participació dels advocats Josep M. Aguirre, professor de la Universitat de Girona; Javier Buron, gerent d'Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona; Dolors Clavell, de Clavell Consulting SL; Ramon García-Bragado, de Miliners Advocats i Assessors Tributaris; Pablo Molina, de J&A Garrigues; Gemma Segura, de Pareja & Associats, Advocats; i Domènec Sibina, professor de la Universitat de Barcelona.
Un debat amb idees confrontades i propostes constructives
Dolors Clavell va destacar que “el futur passa per trobar mecanismes d’accés a l’habitatge” i aquests han de dur-se a terme de manera estructural, per evitar “mesures assistencials, que no són pròpies d’una política d’habitatge moderna, europea i del segle XXI”. Segons Clavell, cal cercar la possibilitat de fer habitatge assequible en la ciutat construïda: “Amb la combinació de la llei del sòl estatal, la llei catalana d’urbanisme o la d’habitatge, podem fer reserves d’habitatge protegit i jugar amb la qualificació: sòls dobles o que una part d’ells es destini a habitatge assequible”.
El professor Josep Maria Aguirre va considerar que qualsevol intervenció sobre la unitat construïda troba la seva limitació en la legislació. “L’única manera de canviar les normes, és forçar-les”, va assegurar. Aguirre va subratllar tres febleses clau que, en la seva opinió, té aquesta Modificació del Pla: la primera és el problema de legalitat que hi pugui haver sobre els deures del propietari, donat que la llei estatal no parla de l’habitatge assequible; la segona, la pèrdua de rendibilitat que la reserva pugui causar sobre el propietari i, la tercera, la responsabilitat patrimonial.
L’advocat Ramon García-Bragado va estimar que la pregunta que cal fer-se “no és si aquesta mesura és legal o no, sinó si la norma és positiva o negativa per a Barcelona”. Les raons que justifiquen el seu rebuig són, en primer lloc, que “la norma s’ha fet sense debat previ”, en segon lloc, la vulneració de la transparència, ja que “s’ha amagat el procediment”. Així mateix, va ressaltar que “la mesura no està en el Pla de l’Habitatge aprovat el desembre del 2017”. Per tal d’evitar la litigiositat, García-Bragado va suggerir l’opció de fer una vacatio legis de dos anys, que permetés preveure els efectes dels canvis.
Per al professor Domènec Sibina, el debat sobre l'habitatge protegit en sòl urbà consolidat ja s’ha abordat amb anterioritat, resultant com a conclusió que no hi ha cap problema en fer reserves d’habitatge per a aquesta tipologia de sòl. Sibina també va emfatitzar que el problema urbanístic radica en el model de ciutat, que “el decideixen els òrgans de govern municipal i autonòmic”. A més a més, va plantejar la necessitat de replantejar un pla urbanístic dissenyat ja fa 45 anys.
L’advocada Gemma Segura va remarcar que el debat se situa en els “deures urbanístics, donat que la Modificació del Pla en genera l'establiment de nous”. En aquesta línia, Segura va incidir que aquesta mesura podia afectar la seguretat jurídica, així com va al·legar que les repercussions econòmiques i de dret entre actuacions generals i sistemàtiques són diferents. Així mateix, va mostrar la manca d’informació per establir el criteri del 30% de la reserva per a habitatge social o els 600 metres quadrats de sostre, que en segons quin tipus de promocions “pot acabar sent un valor molt baix”.
El gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Buron, va afirmar que aquesta mesura “afronta la situació amb realisme” i la seva “tècnica es consolidarà i s’expandirà després de passar pels tribunals”. Buron va sostenir que la proposta ja té en compte la situació d’un mercat en tensió per la manca de sòl, perquè no hi ha producte, i que el règim de transitorietat donarà suficient seguretat jurídica al mercat. Buron va posar l’exemple de la ciutat de Vitòria, on les polítiques de promoció d’habitatge assequible han estat molt exitoses.
L’advocat Pablo Molina va puntualitzar que ens trobem en un “punt de frontera que sembla estar delimitant els deures dels propietaris”. D'altra banda, va subratllar que la Modificació del PGM “afecta a tot el sòl de la ciutat de manera homogènia, quan en realitat s’hauria d’haver identificat el sòl per zones”. Per a Molina, “el problema de l’habitatge a Barcelona és real, tal i com demostra la memòria presentada per l'Ajuntament. El dèficit d’habitatge social és preocupant. Però la mesura tampoc sembla que ho vagi a solucionar”. En conseqüència, Molina va qüestionar l’efectivitat d’aquesta mesura i va reivindicar “una estratègia més potent”.
Àmplia representació institucional i de l’Administració
Nombrosos representants institucionals, professionals i de l’Administració van assistir a l'acte, entre els quals figuren Janet Sanz, tinenta d’Alcaldia, Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona; Josep M. Montaner, regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona; Amadeu Iglesias, director gerent de l’IMPSÒL; Mercè Albiol, secretària de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya; Ton Salvadó, director de Model Urbà de l’Ajuntament de Barcelona; Aurora López, gerent adjunt d’Urbanisme; Lluís Laguna, responsable de Normativa i Actuacions Sectorials de la Direcció General d'Urbanisme, i Josep Bohigas, director general de Barcelona Regional.
També van assistir els regidors Xavier Trias, de PDeCAT; Koldo Blanco, de Ciutadans; Jordi Coronas i Montserrat Benedí, d’ERC; Daniel Mòdol, del PSC; així com Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3; Jaume Casas, secretari de la Junta de Govern del Col·legi Aparelladors; Josep Gassiot i Josep Martínez, del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques; Elena Massó i Marc Torrent, de l’APCE; Ramon Sanabria, president d’AxA; i Anna Gener, directora general de Savills Aguirre Newman, entre altres.
Pots recuperar el vídeo de la sessió aquí:
Un debat amb idees confrontades i propostes constructives
Dolors Clavell va destacar que “el futur passa per trobar mecanismes d’accés a l’habitatge” i aquests han de dur-se a terme de manera estructural, per evitar “mesures assistencials, que no són pròpies d’una política d’habitatge moderna, europea i del segle XXI”. Segons Clavell, cal cercar la possibilitat de fer habitatge assequible en la ciutat construïda: “Amb la combinació de la llei del sòl estatal, la llei catalana d’urbanisme o la d’habitatge, podem fer reserves d’habitatge protegit i jugar amb la qualificació: sòls dobles o que una part d’ells es destini a habitatge assequible”.
El professor Josep Maria Aguirre va considerar que qualsevol intervenció sobre la unitat construïda troba la seva limitació en la legislació. “L’única manera de canviar les normes, és forçar-les”, va assegurar. Aguirre va subratllar tres febleses clau que, en la seva opinió, té aquesta Modificació del Pla: la primera és el problema de legalitat que hi pugui haver sobre els deures del propietari, donat que la llei estatal no parla de l’habitatge assequible; la segona, la pèrdua de rendibilitat que la reserva pugui causar sobre el propietari i, la tercera, la responsabilitat patrimonial.
L’advocat Ramon García-Bragado va estimar que la pregunta que cal fer-se “no és si aquesta mesura és legal o no, sinó si la norma és positiva o negativa per a Barcelona”. Les raons que justifiquen el seu rebuig són, en primer lloc, que “la norma s’ha fet sense debat previ”, en segon lloc, la vulneració de la transparència, ja que “s’ha amagat el procediment”. Així mateix, va ressaltar que “la mesura no està en el Pla de l’Habitatge aprovat el desembre del 2017”. Per tal d’evitar la litigiositat, García-Bragado va suggerir l’opció de fer una vacatio legis de dos anys, que permetés preveure els efectes dels canvis.
Per al professor Domènec Sibina, el debat sobre l'habitatge protegit en sòl urbà consolidat ja s’ha abordat amb anterioritat, resultant com a conclusió que no hi ha cap problema en fer reserves d’habitatge per a aquesta tipologia de sòl. Sibina també va emfatitzar que el problema urbanístic radica en el model de ciutat, que “el decideixen els òrgans de govern municipal i autonòmic”. A més a més, va plantejar la necessitat de replantejar un pla urbanístic dissenyat ja fa 45 anys.
L’advocada Gemma Segura va remarcar que el debat se situa en els “deures urbanístics, donat que la Modificació del Pla en genera l'establiment de nous”. En aquesta línia, Segura va incidir que aquesta mesura podia afectar la seguretat jurídica, així com va al·legar que les repercussions econòmiques i de dret entre actuacions generals i sistemàtiques són diferents. Així mateix, va mostrar la manca d’informació per establir el criteri del 30% de la reserva per a habitatge social o els 600 metres quadrats de sostre, que en segons quin tipus de promocions “pot acabar sent un valor molt baix”.
El gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Buron, va afirmar que aquesta mesura “afronta la situació amb realisme” i la seva “tècnica es consolidarà i s’expandirà després de passar pels tribunals”. Buron va sostenir que la proposta ja té en compte la situació d’un mercat en tensió per la manca de sòl, perquè no hi ha producte, i que el règim de transitorietat donarà suficient seguretat jurídica al mercat. Buron va posar l’exemple de la ciutat de Vitòria, on les polítiques de promoció d’habitatge assequible han estat molt exitoses.
L’advocat Pablo Molina va puntualitzar que ens trobem en un “punt de frontera que sembla estar delimitant els deures dels propietaris”. D'altra banda, va subratllar que la Modificació del PGM “afecta a tot el sòl de la ciutat de manera homogènia, quan en realitat s’hauria d’haver identificat el sòl per zones”. Per a Molina, “el problema de l’habitatge a Barcelona és real, tal i com demostra la memòria presentada per l'Ajuntament. El dèficit d’habitatge social és preocupant. Però la mesura tampoc sembla que ho vagi a solucionar”. En conseqüència, Molina va qüestionar l’efectivitat d’aquesta mesura i va reivindicar “una estratègia més potent”.
Àmplia representació institucional i de l’Administració
Nombrosos representants institucionals, professionals i de l’Administració van assistir a l'acte, entre els quals figuren Janet Sanz, tinenta d’Alcaldia, Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona; Josep M. Montaner, regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona; Amadeu Iglesias, director gerent de l’IMPSÒL; Mercè Albiol, secretària de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya; Ton Salvadó, director de Model Urbà de l’Ajuntament de Barcelona; Aurora López, gerent adjunt d’Urbanisme; Lluís Laguna, responsable de Normativa i Actuacions Sectorials de la Direcció General d'Urbanisme, i Josep Bohigas, director general de Barcelona Regional.
També van assistir els regidors Xavier Trias, de PDeCAT; Koldo Blanco, de Ciutadans; Jordi Coronas i Montserrat Benedí, d’ERC; Daniel Mòdol, del PSC; així com Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3; Jaume Casas, secretari de la Junta de Govern del Col·legi Aparelladors; Josep Gassiot i Josep Martínez, del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques; Elena Massó i Marc Torrent, de l’APCE; Ramon Sanabria, president d’AxA; i Anna Gener, directora general de Savills Aguirre Newman, entre altres.
Pots recuperar el vídeo de la sessió aquí:
29/06/2018
