La decana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Assumpció Puig, compareció ante la ponencia que tramita el Proyecto de ley de felicitación de la actividad económica del Parlamento de Cataluña, a propuesta de la Comisión de Empresa y Conocimiento. La comparecencia, que se celebró por medios telemáticos, tuvo lugar el pasado lunes 26 de octubre.

Proyecto de ley de facilitación de la actividad económica
Se trata de una normativa pionera en Europa en el ámbito de la facilitación, que tiene como objetivos principales revisar la relación entre las empresas y la administración, permitir que tanto las empresas como los emprendedores ofrezcan solo una vez sus datos a la administración, así como permitirles que una visión global de su relación con la administración.

Por lo que respecta al procedimiento de defensa de derechos e intereses de los operadores económicos, el proyecto también recoge que las persones interesadas en acceder a alguna de las actividad que hace referencia a la ley, así como corporaciones, colegios profesionales, organizaciones y asociaciones que los representan, por medio de un portal único que establece la ley, pueden informar de cualquier disposición, acto, actuación o inactividad de las administraciones públicas que desde su punto de vista comporten un obstáculo o barrera para la aplicación de la Ley. También pueden formular consultas relativas a la interpretación le la ley sectorial que sea aplicable en cada caso. El órgano administrativo competente tiene que informar, también por medios electrónicos, sobre la consulta o emitir un informe sobre la adecuación de la disposición, el acto o la actuación sobre esta Ley en un plazo de treinta días.

Este nuevo modelo de relación implicará la eliminación de trámites administrativos innecesarios, la estandarización de procedimientos y la transparencia. Prevé medidas para reducir cargas burocráticas, minimizando la intervención administrativa y ofreciendo servicios proactivos en la empresa.

El posicionamiento del COAC
La decana trasladó el apoyo del Colegio en cualquier iniciativa que favorezca el impulso de la actividad económica, la agilización administrativa y la coordinación y la comunicación entre las diferentes administraciones catalanes, siempre junto a las iniciativas que pongan en el centro a los ciudadanos, las empresas y los profesionales.

Así mismo, subrayó la preocupación de la institución ante la Seguridad legal que debería tener la estandarización de procedimiento, incidiendo en el hecho que la normativa de cada proceso tendrá que estar muy bien detallada. En este sentido, los procesos de simplificación administrativa tienen que velar especialmente por garantizar la Seguridad jurídica de todas las partes implicadas, partiendo de una definición exhaustiva y- a poder ser unívoca- de conceptos, trámites y circuitos, con referencia exacta y actualizada a las normes que se tienen que aplicar, y teniendo en cuenta la confluencia de ordenaciones sectoriales y potestades administrativas diversas.

Assumpció Puig ofreció la posibilidad que la administración delegue funciones a los colegios profesionales, como serian, por ejemplo, en la tramitación unificada, los mecanismos alternativos a la intervención administrativa y colaborar en la estandarización de proyectos/documentos técnicos de actividad económica. En paralelo, el papel de los colegios también podría ser relevante en la elaboración de códigos de buenas prácticas profesionales y guías de autoevaluación que faciliten considerablemente los procedimientos, dando a la vez seguridad jurídica a los destinatarios y en la estandarización de los proyectos técnicos de actividad económica.

La decana también expresó la necesidad de actuar con agilidad sobre las demores en las licencias urbanísticas, donde el plazo máximo que tiene la administración para resolver es de dos meses cuando hace falta presentar proyecto y de dos cuando no hace falta, tal como se establece en el art. 81 del Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de Cataluña (ROAS). No obstante, la realidad demuestra, de acuerdo con la encuesta de licencias del COAC, que la media en Cataluña supera los cinco meses de media.